Estos días el gobierno acelera todo lo que puede la tramitación de una ley nacional para adaptar las normas europeas de servicios audiovisuales. La simple y llana razón es que la Comisión Europea le había dado un ultimátum, el mes de septiembre pasado, para que se pusiese las pilas con una normativa, ya en vigor desde 2020 en la mayor parte de los países.

De hecho, Europa, ya cansada de la espera, nos ha llevado ante el Tribunal de Justicia Europeo para exigir sanciones financieras, junto a otros malos alumnos (República Checa, Irlanda, Rumanía y Eslovaquia). Las prisas no son buenas consejeras y el resultado es una tramitación en urgencia, sin el acuerdo de los actores del sector implicados y con un intenso malestar por parte de varias asociaciones profesionales.   

¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿De qué manera una ley, en vez de proteger la producción nacional e independiente como lo han hecho otros países, parece entregar las llaves del reino a las plataformas internacionales? ¿Cómo explicar un texto de tal importancia para el futuro del sector, tan mal redactado y peor concebido, en pocos párrafos?

Intentémoslo desde un necesario flashback. En los encuentros profesionales de Lo Que Viene, del año pasado por estas fechas, algunos vimos con preocupación como las autoridades competentes invitadas estaban mucho más concentradas en presentar el ​Plan “España, Hub Audiovisual de Europa” para impulsar la producción audiovisual nacional, la atracción de inversión, el refuerzo de las empresas del sector y el apoyo del talento, que en la proximidad de plazo de presentación de la Ley Audiovisual. El plan recordaba demasiado al antiguo caballo de Troya. En principio, un envoltorio perfecto pero que no desvelaba todo su contenido. Tema íntimamente ligado con el presente anteproyecto de ley sobre el sector audiovisual.

Resulta curioso que dicho proyecto no mencione en ninguno de sus casi 200 artículos (si añadimos a sus 164 artículos la veintena de disposiciones adicionales, finales…) a las salas de cine. Cada país ha adaptado desde su propia filosofía la normativa europea.

Por ejemplo, Francia para defender su excepción cultural ha unido la financiación de la producción nacional con las ventanas de distribución. Lógico. Si una plataforma quiere películas antes de un año de su estreno en cines, en Francia tendrá que aportar un 25% de su volumen de negocios neto para la producción. Si superan el año, un 20%. En España nos limitamos al 5%, sin condiciones expresas de ventana. Lo que es aún más peligroso puesto que en este país, solo si la película ha recibido subvención del ICAA, no puede estar en plataformas, antes de 4 meses desde su estreno en salas (RD 5326/2002). En el resto de los casos, el panorama es más bien de barra libre.

En resumen, es como si Francia hubiesen decidido que “ya que comen en este restaurante, al menos que paguen el servicio”. Y en España ha sido más de “venid y comed todos de mí”.

El cambio de última hora en uno de los artículos del proyecto, además, ha abierto la puerta a que cualquier plataforma pueda crear una productora que trabaje para ella y, aún así, se considere independiente. Un verdadero insulto para las productoras realmente independientes (PATE, P.A.P.), sin los recursos ni armas de las grandes corporaciones internacionales.  

Todo ello puede hacer de España la nueva colonia audiovisual del mundo, el nuevo Eldorado de ‘yo me lo como y yo me lo guiso’. Al final, esta situación se resume a una secuencia digna del mejor Berlanga, que podría titularse ‘Bienvenido Mr. Netflix’. Abierta la barra del Hub Español, la financiación que debían aportar las plataformas para la diversidad de nuestro cine y de sus producciones independientes, se quede en… su propia casa (en el extranjero o en el país de mejor tributación fiscal).

Ejemplo: una plataforma crea una productora ‘independiente’ y su financiación se queda en esa productora (que pertenece a su grupo empresarial) y, además, hace la película que ella quiere. El enfado de productoras independientes es colosal y más que justificado.

Un proyecto de ley demasiado largo y muy criticable para abordar en un solo artículo. Sin embargo, hay otro tema que escuece demasiado para quedarse calladas.

CIMA, la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales, ha denunciado que las medidas anunciadas para incentivar la producción de cineastas mujeres, no tienen nada que ver con las del proyecto de ley. La cuota del 40% para la emisión de obras dirigidas por mujeres ha desaparecido (misterio) y la cuota de inversión para producciones de mujeres, se ha reducido sensiblemente.

En su lugar han aparecido, claras y muy visibles, las cuotas para las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, negociadas por PNV y ERC. Sin ánimo de polemizar, y con todo el respeto a la riqueza que supone tener una diversidad de idiomas, en este país parece que son más importantes las lenguas que las personas. En España unas 750.000 personas hablan vasco y en el mundo, unos 10 millones, catalán. Aquí hay unos 24 millones de mujeres. Defender las lenguas no es incompatible con la lucha contra la brecha de genero audiovisual.

Las movilizaciones se anuncian potentes. Las prisas no son buenas, sobre todo, cuando ya se lleva tal retraso. Quizás sea mejor reflexionar, dialogar y mejorar la futura legislación, que se vota este mismo jueves. De lo contrario, igual tardamos mucho en volver a ver un ‘Alcarrás’ en pantalla o los ‘Cinco lobitos’ acaben llevando el nombre de plataformas internacionales.